La llegada del COVID-19 ha permitido que el “bien común” se convierta en el mantra sagrado que recitan los gobernantes para justificar sus actuaciones. A su vez, el “bien común” es la razón incuestionable y el argumento que da por terminado cualquier debate. El “bien común” es la palabra final.

Por supuesto que existe un “bien común” y este, probablemente, se puede definir como “el respeto al derecho ajeno” o el principio bíblico de la Regla de Oro. Pero ese no es el “bien común” al que se refieren nuestros actuales gobernantes comprometidos con la política globalista.

El “bien común” es el canto de sirena que nos hipnotiza para que no podamos ver que, en realidad, nos llevan por el camino de la eliminación de aquellas libertades y derechos inherentes al ser humano. Ese “bien común” es el que nos convierte en una gran masa de personas sin valor que existe solo para formar una nueva sociedad concebida para cumplir los intereses de la elite globalista.

Para rescatar nuestra sociedad de manos de estos poderes supranacionales, necesitamos una definición del “bien común” que surja del consenso de los diversos grupos sociales en sus respectivos contextos nacionales y que tenga como objetivo principal la protección del grupo social primario de todos los seres humanos: la familia.

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Es esta visión de la democracia lo que ha hundido a la mayoría de los países latinoamericanos en la miseria y la opresión. Esta no es la visión de democracia que plasmaron los padres fundadores de la nación norteamericana en la Constitución de los Estados Unidos. Esa democracia de los padres fundadores establecía límites al poder del gobierno para evitar la tiranía.

El gobierno totalitario dentro de la democracia puertorriqueña ya es una realidad indiscutible. Ejemplo de esto es la imposición del cannabis medicinal por vía de una orden ejecutiva que ya ha convertido a Puerto Rico en la jurisdicción de los Estados Unidos con más dispensarios de cannabis por milla cuadrada.

Ahora, nuestro gobernador nos provoca con la imposición de la enseñanza de la ideología de género “sí o sí” y la obligatoriedad de una vacuna experimental “y punto”. El estilo del discurso de Pedro Pierluisi es evidentemente dictatorial. No pensemos que este totalitarismo no se seguirá extendiendo. Van contra la iglesia y van contra nuestros niños.

Si ya se violenta la autoridad parental, lo próximo que veremos será que el Estado nos removerá a nuestros niños si nos negamos a criarlos conforme a los valores impuestos por ellos. Si ya se violenta la autonomía para decidir sobre el propio cuerpo, lo próximo que veremos será la eutanasia prescrita u ordenada por el Estado. No estoy fantaseando; esto ya ocurre en otros países.

Los gobernantes llegan hasta donde los gobernados lo permitan. Es momento de levantarse en un movimiento ciudadano que reclame sus derechos y le ponga límites a la tiranía gubernamental.

Por: Dra. Angie González

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En los primeros cinco meses del actual gobierno en Puerto Rico, prácticamente, no se escucha hablar de otra cosa que no sea la imposición de la ideología de género en todas las esferas del país. ¿De qué se trata? ¿Es obsesión o es ambición?

Miremos algunos datos. La página de Global Market Insights informa que en el 2019 la industria de la reasignación de sexo produjo unos 316 millones de dólares en ganancias y pronostican que esta tendrá un crecimiento de 25% en los próximos cinco años. Por otro lado, varias publicaciones europeas nos dicen que en ese continente, los trastornos de disforia de género han presentado un aumento de 1,500% en la pasada década.

Bajo el disfraz de los derechos y la equidad se esconden intereses de lucro impresionantes. ¡No pequemos de ingenuidad! Los políticos del país no están preocupados por las alegadas víctimas de las llamadas terapias de conversión. De hecho, ni siquiera han podido probar que existan esas terapias.

Tampoco están interesados en defender el bienestar de las personas con diversidad sexual. Por cierto, la reasignación de sexo provoca una amplia secuela de consecuencias negativas a la salud física y mental, incluyendo una mayor prevalencia de suicidios.

Estamos frente a un gobierno que lucha por establecer una industria altamente lucrativa a expensas del bienestar de nuestros niños como ocurrió con la imposición de la industria del cannabis medicinal durante la administración de Alejandro García Padilla. Esta referida industria, en menos de siete años, ha logrado posicionarse como la jurisdicción de los Estados Unidos con más dispensarios de cannabis por milla cuadrada teniendo como parte de su clientela una cantidad importante de menores de 21 años de edad.

La ciencia nos dice consistentemente que el cannabis medicinal no es medicina. ¡El cannabis medicinal no cura pero enferma! La industria de la enfermedad crea los productos y conductas que provocan enfermedades y, entonces, suple los tratamientos para atender las enfermedades que creó. Así son la industria del cannabis medicinal y la industria de la reasignación de sexo.

Esta segunda empieza por confundir el desarrollo psicosexual de los menores mediante la enseñanza de la ideología de género para crear condiciones psiquiátricas y psicológicas. Luego, impone unos tratamientos para afirmar esa diversidad sexual excluyendo cualquier otra opción de tratamiento y negando la ciencia. Entonces, ofrece la alternativa de consumo de hormonas y operaciones prometiendo la falacia del cambio de sexo. Finalmente, mantiene a esos pacientes en tratamientos para la salud física y mental por el resto de sus vidas ya que la reasignación de sexo los convierte en pacientes crónicos.

Afortunadamente, las mentiras no se pueden sostener por mucho tiempo. Jesús dijo que “no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni nada escondido, que no haya de salir a la luz” (Marcos 4:22). Por esto, nuestra lucha en favor de la verdad y en defensa de nuestros niños tiene que avanzar cada vez con más fuerza.

Por: Dra. Angie González

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