Portavoz de Proyecto Dignidad expresa su oposición a la Orden Ejecutiva Núm. 2021-058 que requiere a los empleados de la Rama Ejecutiva vacunarse contra el COVID-19

(San Juan, PR. El Capitolio-30 de julio de 2021) – La Portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Hon. Lisie J. Burgos Muñiz, manifestó su oposición a la más reciente Orden Ejecutiva Núm. 2021-058 firmada por el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia. La referida Orden Ejecutiva dispone el requerir la vacunación contra el COVID-19 de todos los empleados que laboran de manera presencial en las distintas agencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, disponiéndose como únicas excepciones las razones médicas y objeciones religiosas.

“Como he expresado en ocasiones anteriores, reitero que la vacunación compulsoria contra el COVID-19 no se sustenta legalmente. Todas las vacunas que son utilizadas en Puerto Rico y los Estados Unidos cuentan con una Autorización de Uso de Emergencias expedida por la FDA al amparo de la Sección 564 de la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos. Estas vacunas no cuentan con una aprobación final. Por disposición de la propia ley federal, este tipo de producto no aprobado es de uso voluntario. En virtud de la Cláusula de Supremacía del Artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos, una Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico no puede ir por encima de una Ley Federal. Por tal razón, entendemos que el gobernador se está excediendo en el uso de sus poderes.”

sentenció la Representante.

También, Burgos Muñiz entiende que esto es una forma de coacción debido a que toda persona que decida no vacunarse se verá en la obligación de presentar pruebas negativas de Covid semanalmente. “Esto implicará ausencias al trabajo para conseguir las órdenes médicas y luego al laboratorio para realizarse la referida prueba. Lo que será gravoso para el empleado, porque no solo tendrá que pagar un doble deducible, sino que también perderá horas de trabajo esperando ser atendido, sufriendo así una reducción en su salario. Cabe destacar, que aquellos que quieran evitarse los gastos por conceptos de deducible, tendrán que acudir a algún lugar donde se estén realizando pruebas gratuitas, haciendo largas filas, y también resultará en menos horas trabajadas y reducción en la remuneración de su salario. La persona que no pueda hacerse la prueba por ninguna de las dos vías anteriores, deberá pagarla de su bolsillo a un costo de $90 a $100. Definitivamente, esto será muy oneroso para aquellos que viven peso a peso. Por otro lado nos debemos preguntar, si el gobernador de igual forma terminará exigiéndole pruebas semanales de COVID a los vacunados, ya que ha trascendido que estos también se están enfermando y a su vez contagiando a los demás. Seamos responsables, velemos por la salud de todos. Para eso es necesario que todos sigamos el protocolo inicial de prevención hasta que todo pase, esto ya demostró ser efectivo”.

Respecto a los distintos argumentos legales que el Gobernador esgrimió en la Orden Ejecutiva para intentar sostener su validez, la representante comentó: “Ninguno de los casos citados por el Gobernador Pierluisi en la Orden Ejecutiva sustentan la legalidad de una vacunación compulsoria con un producto que no ha sido aprobado de manera final por la FDA. La vacunación con estos productos que solo cuentan con una Autorización de Uso de Emergencia no ha sido objeto de controversia en ningún caso que haya sido resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico o por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por lo tanto, no existe un precedente legal que afirme la validez constitucional de la vacunación obligatoria con este tipo de vacunas no aprobadas de manera final.” afirmó la también Presidente de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

Por otro lado, la Portavoz de Proyecto Dignidad se mostró en desacuerdo con la Opinión emitida por el Departamento de Justicia Federal el pasado 6 de julio de 2021 en la cual dicha Agencia Federal interpretó que la Sección 564 de la Ley Federal de Alimentos Drogas y Cosméticos no prohíbe que entidades públicas y privadas requieran la vacunación compulsoria. “Debemos recordar que el Departamento de Justicia Federal no es el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, dicha Agencia no tiene poder para legislar y mucho menos para enmendar una Ley. Por tal razón, las opiniones que emite el Departamento de Justicia Federal, aunque pueden utilizarse de manera persuasiva en distintos foros, no crean precedente ni tienen fuerza de ley. Habiendo aclarado ese punto, es mi opinión que la interpretación Departamento de Justicia Federal va en contra de la intención legislativa de la Sección 564 de la Ley Federal de Alimentos Drogas y Cosméticos. Si dicha Sección requiere a que se notifique a las personas de la opción de rechazar la vacuna, ¿cómo es posible que a la vez permita que el gobierno o los patronos puedan imponer la vacunación compulsoria? Nos parece que la interpretación del Departamento de Justicia Federal carece de todo sustento jurídico. Es por esta razón que, al menos treinta y cuatro estados de los Estados Unidos han presentado legislación para prohibir la vacunación compulsoria contra el COVID-19.” Afirmó Burgos Muñiz.

Con relación a cuáles son los próximos pasos por seguir ante la Orden Ejecutiva Núm. 2021-058 la Portavoz manifestó:

“Estaremos dando Seguimiento al P. de la C. 795 de la autoría de esta servidora. Dicho Proyecto de Ley propuso la creación de la “Ley para Prohibir el Discrimen en el Empleo por Razón de Negarse a ser Vacunado contra el COVID-19”. El mismo se encuentra ante la consideración de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, pero dicha Comisión aún no ha celebrado ni una vista pública. De aprobarse el P. de la C. 795 sería ilegal en Puerto Rico cambiar las condiciones de empleo o despedir a un empleado por razón de negarse a ser vacunado contra el COVID-19. Esta legislación se extendería a todos los patronos tanto en el sector público como privado. Además, estamos evaluando todas las alternativas en ley para hacer frente a la Orden Ejecutiva Núm. 2021-058. Mi compromiso con el Pueblo de Puerto Rico es luchar contra cualquier forma de totalitarismo que se quiera levantar en nuestra amada Isla.” concluyó la Representante.