El fracaso del gobierno federal en la lucha contra la corrupción en Puerto Rico

Un grupo de personas que no rinden cuentas ante nadie, no deberían ser de fiar para nadie.

Thomas Paine.

El FBI fue creado en el año 1908 durante la administración del Presidente Theodore Roosevelt luego de una disputa entre el Congreso de los Estados Unidos y la rama ejecutiva sobre los poderes de investigación del Departamento de Justicia federal, que hasta ese momento eran conferidos al Servicio Secreto.

La agencia tuvo prominencia bajo la tutela de J Edgar Hoover, quien se destacó reprimiendo al movimiento obrero en el momento histórico que fue influido por la revolución bolchevique en Rusia en el año 1917. La administración demócrata del Presidente Woodrow Wilson estableció una política pública de deportación y encarcelamiento del liderato del movimiento obrero durante el llamado Red Scare de 1919-1920.Hoover asistió al Attorney General Palmer a implantar esa política pública.

En Puerto Rico, el FBI llegó a Puerto Rico desde su fundación, aunque su presencia se incrementó a raíz de 1934 año en que se le encomendó la investigación de robos bancarios y se reconoció el derecho a sus agentes de portar armas de fuego. Con la soberanía de los EEUU, se estableció la oficina del fiscal federal y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El fiscal federal de cada distrito es una posición de confianza del Presidente, presentando su renuncia cada vez que hay un cambio de administración.

En el territorio de Puerto Rico, debido a la poca importancia política que tenemos por no poder votar por el Congreso ni por el Presidente, algunos fiscales federales permanecen por décadas sin cambiar, creando una permanencia que no es propia del puesto. Esto ha permitido que un fiscal federal interino que estuvo una década en su puesto sin ser confirmado por el Senado federal posiblemente por haber sido arrestado en su juventud con otras personas por un escalamiento en la base militar Buchanan de San Juan.. También da paso a que se tolere y acepte que un fiscal federal haga expresiones públicas achacándole los actos de corrupción a un partido político en particular sin que se haya formado revuelo alguno en el Congreso ni en ninguna agencia federal.

No se puede argumentar que la fiscalía federal ni el FBI carecen de poder ni recursos para enfrentar la criminalidad o la corrupción pública, como se repite como pretexto por el gobierno estatal. El problema es uno más grave aún, a saber, que las agencias federales de ley y orden no le responden a los funcionarios ni a la personas electas por el votante en Puerto Rico.

Contrario a los ciudadanos de los estados, que pueden recurrir a sus congresistas o las oficina del Presidente a pedir agravios e investigaciones relacionadas a las alegaciones de abuso, en la Isla , las agencias federales no tienen lo que se llama accountability alguna en Puerto Rico. Usando la frase del patriota y revolucionario Thomas Paine, no rinden cuentas ante nadie ni deben ser de fiar para nadie. Esto nada que ver con las buenas intenciones ni el grado de competencia de sus funcionarios a nivel individual.

Cuando el agente a cargo del FBI en San Juan tiene que aclarar que la agencia no es política, por algo se ve obligado a aclararlo. A esto le añadimos que, como toda agencia pública cuya dirección es escogida por políticos, las agencias federales responden a las presiones e influencias políticas del momento. Decir que las agencia federales no responden a la política, además de ser una ingenuidad, es falso.

En las investigaciones sobre corrupción pública en los pasados años existe una conducta generalizada de esas agencias de no procesar a los alegados sobornadores en la empresa privada que entregan dinero a los funcionarios electos y usarlos como testigo de fiscalía a cambio de las llamadas sweetheart deals.
A esto se le añade que debido a la condición de subordinación política, y a la mentalidad de un sector poblacional que entienden que sus libertades dependen de que unos funcionarios políticos tengan la gracias de concederlas para que las libertades existan. Las actuaciones de las agencias federales no son cuestionadas ni fiscalizadas, algo que no es cónsono con una sociedad libre donde el votante es el soberano, no los burócratas de gobierno.

El único sector que sí cuestionaba las actuaciones federales en un momento dado es el movimiento independentista, que fue víctima del operativo de persecución política del FBI en todos Estados Unidos conocido como COINTELPRO. En términos generales, las alegaciones de actuaciones impropias de funcionarios federales no se investigan y se despachan como chismes de sectores políticos minoritarios que no merecen atención para muchos.

La mentalidad de aceptar todo lo que impone un gobierno que no responde al voto del ciudadano es algo sumamente peligroso para las libertades constitucionales de los residentes de Puerto Rico. En conclusión, la lucha contra la corrupción pública no será efectiva hasta tanto el gobierno estatal y federal tengan la voluntad de hacerlo. También requiere tener el poder político como un estado para estar vigilante a las actuaciones de los funcionarios federales.